Historia
Mediante la reforma al Artículo 116, Fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; publicada en el diario Oficial de la Federación el 27 de mayo del 2015, se crean los Tribunales de Justicia Administrativa en las Entidades Federativas, dotados de plena autonomía para dictar sus resoluciones, así como para establecer su organización y funcionamiento. Haciéndolos competentes para dirimir las controversias que se susciten entre la Administración Pública Estatal y Municipal con los particulares; e imponer, en términos de Ley las sanciones a los servidores públicos estatales y municipales, así como a los particulares que incurran en actos por responsabilidad administrativa grave.
Derivado de lo anterior se expidieron La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio del 2016; estableciendo los plazos para que las legislaturas de las Entidades Federativas instituyeran los Sistemas Estatales Anticorrupción.
Por lo anterior, se llevaron a cabo las reformas a la Constitución Política del Estado de Baja California Sur publicadas en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el 28 de febrero del 2017; que contempla la creación del Sistema Estatal Anticorrupción y de sus operadores.
Así mismo con la expedición de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Baja California Sur, publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el 10 de abril del 2017; se establecieron las bases de coordinación entre las Autoridades Estatales competentes en la prevención, detección, investigación y sanción de las faltas administrativas y actos de corrupción. Contemplando la creación de un comité coordinador del cual el Tribunal de Justicia Administrativa es integrante.
Además, se publicaron el día 27 de junio del 2017 en el boletín Oficial del Gobierno del Estado la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja California Sur y de La Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, cumpliendo así con las obligaciones Constitucionales en materia de Anticorrupción. Estableciendo así la competencia, funciones y estructura orgánica del Tribunal.
En búsqueda de mejorar el marco normativo, se trabajó de manera coordinada con el H. Congreso del Estado de Baja California Sur, para que se lograran expedir el 14 de mayo del 2018, la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Baja California Sur y la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado y Municipios de Baja California Sur, publicadas en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado Número 20.
Finalmente, el 20 de Junio del 2018 se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado Número 26, el Acuerdo de Pleno 001/2018; en cumplimiento al Artículo Segundo Transitorio apartado A de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur, declarando al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California Sur formalmente instalado para ejercer Atribuciones y Facultades.